Una importante plataforma de redes sociales acaba de soltar una bomba: los funcionarios de la Comisión Europea ya no pueden publicar anuncios en la plataforma después de recibir una enorme multa de 120 millones de euros. Esta medida marca una escalada en la tensión entre los gigantes tecnológicos y los organismos reguladores. La prohibición llega como respuesta directa a la sanción, desatando debates sobre la autonomía de las plataformas frente a la supervisión regulatoria en el espacio digital. Queda por ver si esto sienta un precedente para otras plataformas, pero sin duda está revolucionando la conversación sobre el cumplimiento normativo y la resistencia corporativa.