España ha promulgado la regulación de control de efectivo más estricta de Europa, exigiendo que cualquier retiro superior a 3000 euros debe ser declarado 24 horas antes, especificando el uso y el beneficiario. Las multas por incumplimiento pueden alcanzar los 150,000 euros. El gobierno afirma que esto es para combatir el crimen financiero, pero ha sido criticado por una vigilancia excesiva, generando controversia. Italia y Francia ya han implementado medidas similares, y la UE está promoviendo el control de efectivo en toda la región, lo que podría fomentar la demanda de activos descentralizados como Bitcoin.